Isla de Maipo, 20 de marzo de 2013. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez (@ministroperezm), anunció la recuperación de 80 viviendas sociales que fueron mal asignadas y que están abandonadas, arrendadas o destinadas a locales comerciales en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana; y presentó denuncias contra los beneficiarios en la Fiscalía Local de Talagante para que se investigue presunto fraude al fisco.

Las casas pertenecen a la población “Villa Bicentenario 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9”, ubicada en el sector La Islita, y la determinación de recuperarlas se adoptó luego de una decena de fiscalizaciones realizadas por el Serviu Metropolitano entre enero y febrero a las 1.142 casas de este conjunto habitacional, tras recibir varias denuncias de las propias familias.

De las 80 viviendas fiscalizadas, se detectó que 40 están vacías, 35 están habitadas por personas que no son del núcleo familiar del beneficiario, 3 fueron arrendadas, una casa se convirtió en local comercial y un beneficiario tiene otra propiedad.

La oportuna intervención del Minvu impedirá que los beneficiarios de las casas accedan a la escrituración de las propiedades, fijada para esta semana. La restitución de las viviendas se realizará mediante una resolución de “exclusión del proyecto” del Serviu, que permitirá reasignarlas a familias que tengan una verdadera situación de vulnerabilidad.

“La fiscalización que hemos realizado ha dejado en evidencia que hay personas inescrupulosas que postulan a una vivienda social, pese a no necesitarla, y luego no la ocupan o la arriendan. Eso es intolerable e inaceptable, en especial cuando tenemos miles de familias en espera de la casa propia en situación de vulnerabilidad y carencia habitacional”, dijo el ministro Rodrigo Pérez, quien detalló que a los infractores se les dio la oportunidad de presentar sus descargos ante el Serviu Metropolitano, para lo cual se les envió una carta certificada.

En la visita al conjunto habitacional, el ministro Pérez reasignó una de las viviendas vacías, que fue devuelta por el beneficiario, a la señora Elba Godoy, de 69 años, separada, quien fue operada del corazón y vive en la sede social.

Luego se trasladó a la Fiscalía de Talagante a presentar las denuncias, que señalan que se “han podido detectar casos de personas que habrían falseado información, y en consecuencia no habrían declarado propiedad sobre otros inmuebles, con la finalidad de defraudar y obtener un subsidio habitacional, cuestión que se encuentra expresamente prohibida por el numeral 3 del artículo 6 del D.S. 174 al establecer que no podrá acceder a este subsidio el postulante o su cónyuge si son propietarios o asignatarios de una vivienda”.

El titular del Minvu recordó que ha instruido a todos los Serviu del país a redoblar la fiscalización y recuperar las viviendas o el monto del subsidio entregado en caso de irregularidades, e informó que ya se han denunciado ante la justicia a 239 personas en nueve regiones del país, por tener sus viviendas sociales vacías o arrendadas.

El primer pronunciamiento de la justicia sobre este tema se conoció la semana pasada, cuando el Juzgado de Letras de La Ligua determinó la restitución del subsidio otorgado a una residente de Papudo, por incumplir la cláusula que se específica en el título de dominio, y que dice relación con que las viviendas sociales no pueden ser vendidas, arrendadas o deshabitadas por un plazo de cinco años, tal como lo establece el Decreto Supremo 174 de 2010.

El director del Serviu, Daniel Johnson, añadió que “el equipo de fiscalización del Serviu está desplegado en terreno porque estamos comprometidos con realizar nuestro trabajo en forma seria y responsable por las personas que realmente necesitan una solución habitacional. Es muy importante para nosotros la información que aportan los vecinos o dirigentes de los proyectos de posibles engaños para poder investigar y denunciarlos”.