Con el objetivo de entregar los principales lineamientos y marco normativo de la Ley del Lobby, los funcionarios de la Sección Jurídica de la Seremi de Vivienda, participaron en una jornada de capacitación realizada por el encargado nacional de esta materia en el MINVU, Carlos Muñoz Penaglia, quien también compartió experiencias regionales y entregó orientaciones para el uso adecuado de la plataforma que permite la correcta ejecución de la Ley.

En la actividad, también se analizaron las estadísticas de cumplimiento y publicación de audiencias en distintas regiones del país. “Respecto a la temática del Lobby, esta jornada resultó sumamente interesante para nosotros como equipo, además, es importante interiorizarse de las tareas que forman parte diaria del quehacer institucional y sobre este tema en particular, merece la debida atención y conocimiento, sobre todo, por la asesoría permanente que nuestra Sección debe brindar al servicio”, destacó Enzo Mondino
“Los temas tratados resultaron muy interesantes, contingentes y, además, es entretenido por sus alcances. La capacitación fue impulsada por nuestra compañera de labores Jenny García, por lo tanto, es una excelente iniciativa que se valora mucho”, comenta Enzo, quien participó junto a sus colegas abogados integrantes de la Sección Jurídica de la seremi: Militza Espinoza, Jenny García, Marlenne Parra, Marta Norambuena y Rodrigo Haiquel, quienes compartieron experiencias con el Encargado de la plataforma institucional de la Ley del Lobby, Martín Retamal.

Ley del Lobby

El 08 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, transformándose en un gran avance para la gestión pública, entregando las herramientas que permitan una mayor transparencia.

Esta Ley entró en vigencia el 28 de abril de 2015, para las Secretarías Regionales Ministeriales, que regula materias como las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública, viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y regalos que reciban autoridades o funcionarios públicos.